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ESTADO DE EMERGENCIA PREVENTIVA EN SANTIAGO DE CHILEEl año 2009, nuestro país asumió el compromiso de reducir en un 20% las emisiones de efecto invernadero, causada por aquellos gases que conducen al calentamiento global y al cambio climático, acto voluntario y no ratificado ante la Convención Marco de Naciones Unidas,  que según las recientes palabras de la Ministra del Medio Ambiente María Eugenia Benítez,  “nunca ha estado en duda de que Chile cumplirá su compromiso”.

Lo expuesto precedentemente muestra que existe un interés de parte de la autoridad ambiental de cumplir dicha idea y que esta es una responsabilidad que asume el Estado de Chile en concordancia con la forma como están enfrentando este tema los países europeos, quienes han ido más allá de una mera intención. Por consiguiente, esta materia debe avanzar y enfrentar los desafíos que supone su materialización.

Chile es un Estado en desarrollo, el cual debería continuar su actual ritmo de crecimiento durante la presente década, con vaivenes sin duda, avanzando hacia una mejor calidad de vida, pero viendo las experiencias de cómo los países desarrollados alcanzaron esa condición, vemos que lo lograron ensuciando sus ecosistemas y provocando daños ambientales significativos, no solo a sus territorios, sino a todo el planeta, por tanto es posible que el país eleve sus emisiones en la medida que va creciendo.

En este proceso de desarrollo, se producirán inevitablemente emisiones, las cuales no solo deben ser mitigadas, sino que la política chilena debe actuar sobre el proceso de generación, debiendo el Estado otorgar a los particulares, los apoyos necesarios para que el crecimiento nacional se ejecute empleando los sistemas de producción y funcionamiento (especialmente el caso del transporte público, generación energética, minería, etc) más eficiente y no contaminante.

También el país se encuentra con expectativas serias respecto a alcanzar un nivel de desarrollo avanzado, superior a otros estados americanos y del tercer mundo, caracterizado por una sociedad que se muestra impaciente para lograr acceder a la brevedad a mejores condiciones de vida, somos una nación integrada al mundo, abierta a los mercados internacionales, con accesos a bienes y beneficios científicos – tecnológicos propios de pueblos con mayores ingresos, es decir inserto en el mundo global, donde lo que sucede en Europa o Asia, no nos deja indiferentes y al contrario sus crisis tienen efectos no esperados en el desarrollo nacional, pero cuando esto sucede, se podría tender a ser más flexible en el cumplimiento de los compromisos frente al calentamiento global.

Hay que tomar conciencia, más allá de las críticas y acusaciones de causas infundadas, de que las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, son las responsables del cambio climático y del calentamiento global y que estos efectos, van a significar un trauma sin precedente y efectos negativos trascendentes en toda la sociedad mundial, con efectos catastróficos que nos afectarán a todos y que se visualizarán abiertamente a partir del año 2040.

Por consiguiente, surge la pregunta de que si se debería esperar hasta esa fecha y quizás decenios posteriores para reaccionar o se debe confiar en el desarrollo científico – tecnológico que creará en medio de la crisis un sistema o inventará una solución que aliviará la carga o permitirá superar el problema. Creo que no se puede esperar y en consecuencia la medida preventiva de disminuir en un 20 % estas emisiones, es un gran avance en cuanto a que efectivamente se logre y ese año 2020, fijarse metas más ambiciosas pero que estén acordes a las políticas que estén llevando a cabo las naciones más avanzadas.

Otro aspecto a considerar en esta materia de reducción de emisiones, es que está motivada por los efectos en el cambio climático y en el calentamiento global, cuyas repercusiones no serán iguales para todas las naciones de la tierra y en consecuencia muchos estados velarán por sus particulares intereses, los cuales podrían ser contrarios a las políticas que pueda establecer Chile, situación que ya se ha producido anteriormente en este delicado tema.

El Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) el año 2007, en su 4to. Informe de Evaluación, señaló que el accionar del ser humano (el hombre y el funcionamiento de la sociedad moderna) es en un porcentaje mayor al  90%  causante del aumento constante de las emisiones (dióxido de carbono, metano y óxido nitroso) y que este aumento tiene incidencia directa en los cambios que se están observando en los sistemas físicos y biológicos de las últimas décadas.

Es conveniente aclarar que esta situación que amenaza a la sociedad mundial, es consecuencia del funcionamiento de los estados a partir de la revolución industrial desde mediados del siglo XIX, cuyos efectos están asegurados hasta más allá del siglo XXI, en consecuencia para las actuales generaciones es muy poco lo que se puede hacer, solo medidas que permitan revertir esta situación en el próximo siglo y detenerlas en el presente, evitando con ello perjudicar a los hijos de nuestros nietos y en definitiva esa es nuestra responsabilidad, además de enfrentar decididamente el problema.

Sin embargo, hay un aspecto que está presente y que no se puede dejar de mencionar. Las situaciones económicas y sociales  de un momento determinado de la historia humana, llevan a los conductores políticos de los estados (como ha estado ocurriendo los últimos dos años en Europa, Estados Unidos y otras naciones), a postergar decisiones ambientales porque es más prioritario solucionar problemas derivados de una crisis económica que trae desempleo, desigualdades, faltas de oportunidades, pobreza y en consecuencia lo que va a ocurrir en 25, 50 o 75 años más, es un problema del futuro que pierde importancia hoy en día.

Ante este panorama, Chile por medio de este compromiso destinado a disminuir la concentración de gases efecto invernadero en la atmosfera, está asumiendo el tema con gran responsabilidad y criterio de sustentabilidad, pensando en el bien de las generaciones futuras y contribuyendo con su accionar al logro de menores impactos ambientales.

Una política de disminución de gases de efecto invernadero en la etapa de desarrollo en la cual se encuentra el país, tendrá costos (tanto positivos y/o negativos) que no pueden ser desconocidos y que básicamente se relacionan con el ámbito económico, social y político: costos de inversión y operación más elevados, desempleo por una parte y empleos más eficientes por otra, mayor capacitación laboral, barreras de implementación, mayor participación ciudadana con efectos de todo tipo, equidad, distribución de los impactos, etc.

Como todos los efectos públicos que abarcan a la totalidad de la población y organismos, tanto estatales como privados, se pueden identificar ciertas áreas que podrían ser las principales en el desarrollo nacional, cuyo funcionamiento será decisivo en la sociedad chilena y de cualquier país que busque la solución a este problema, identificándose entre otras a las siguientes: generación de energía, transporte, minería, agricultura, silvicultura y de aquellas estructuras básicas de la sociedad, tales como la salud, la educación, la vivienda, la alimentación y la distribución de las actividades a lo largo del territorio nacional, como centros de salud, fábricas, instalaciones industriales, mineras, agrícolas, comercio, universidades, fuerzas armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea), policías, establecimientos educacionales, justicia, etc, cuyo accionar no puede basarse solo en mitigación, sino en un activo accionar preventivo posibilitando un desarrollo que evite o impida directa o indirectamente la generación de gases efecto invernadero.

Por consiguiente, surge la pregunta de cómo se podría enfrentar el problema de crecer sin incrementar la emisión de gases efecto invernadero y permitir el cumplimiento de la meta al 2020. La respuesta es  “crecer bajo el concepto de sustentabilidad e incorporar las actuales actividades nacionales (todo tipo, tanto públicas como también privadas) a esta idea del devenir moderno conocido como Desarrollo Sustentable”.

Aquí surge la gran responsabilidad del Estado de Chile, de no tan solo ser el controlador legal, dictador de las políticas públicas y de las normas jurídicas, sino que debe dar el ejemplo efectivo y reconocido ante la sociedad, donde la totalidad de las organizaciones gubernamentales sin ninguna exclusión, alcancen un funcionamiento basado en la sustentabilidad, el cual solo traerá beneficios y economía de recursos y será un impulsor para alcanzar el ansiado nivel de desarrollo moderno.

La aplicación de una política de sustentabilidad, que sea unánime e independiente de las condiciones y situaciones coyunturales políticas, pensando solo en el bien común,   permitirá el cumplimiento de este objetivo al 2020.