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interconectadosSe ha anunciado que en breve comenzarán los trabajos destinados a materializar una continuidad energética entre el SING (Sistema Interconectado del Norte Grande)  y SIC (Sistema Interconectado Central), actualmente separados entre la II y III Regiones del país. Sin dudas, esta noticia es un avance pues permitirá sostener el crecimiento del norte de Chile, caracterizado por una gran demanda que se intensificará en los próximos años, zona que presentará serios problemas de abastecimiento eléctrico en el futuro y que planteará el dilema de continuar ensuciando nuestro país (uso de carbón), ampliar la capacidad de generación renovable (eólica, solar o geotermia)  o bien optar por la energía nuclear.

El desarrollo de la I, II y III Región depende en gran medida de la existencia de un sistema de abastecimiento energético que opere con seguridad y con la debida proyección en el corto, mediano y largo plazo. Es esta seguridad energética la que posibilitará la ejecución de diversos proyectos, especialmente  mineros que darán calidad de vida a numerosos compatriotas, por tanto esta es una materia vulnerable que debe ser acometida con la máxima preocupación, prioridad y solvencia, ya que tiene importantes efectos y proyecciones en la Seguridad Nacional.

Lo anterior indica que no es posible improvisar, ni menos encontrarse con cuellos de botellas, judicialización de los proyectos asociados y ningún inconveniente que los pudiere afectar, por tanto en este caso específico, debe ser el medio de transporte de energías renovables (hidráulica, eólica, solar, biomasa y geotérmica) y bajo ninguna condición deben ser utilizadas para incrementar la dependencia externa de Chile y para continuar contaminando el territorio nacional como es si se sigue utilizando y aumentando la cantidad de plantas termoeléctricas.

Por consiguiente, esta iniciativa es viable desde el punto de vista de la sostenibilidad y en especial sustentable si es utilizada para el traslado de energía amigable con el medioambiente, producida por sistemas que utilicen recursos renovables no contaminantes y que en definitiva se consideren una energía limpia, es decir no procedente de la combustión de combustibles  fósiles (petróleo, carbón y en menor medida de gas).

Todo lo expuesto anteriormente debería ser muy lógico desde el punto de vista del Desarrollo Sustentable, que es una política que ha sido asumida por nuestro país y sus fundamentos son parte importante de la legislación nacional, materia que ha sido introducida y orientado numerosos textos jurídicos vigentes actualmente. Sin embargo, surge el problema de que la ciudadanía no asume como iniciativa y parte propia de ella, la necesidad de llevar a cabo este tipo de proyectos que son tan necesarias para el desarrollo nacional, más aún tiene sentimientos contrarios a estos avances y a las necesidades que impone el crecimiento y el camino para alcanzar el ansiado status de país desarrollado  e incorporarse a ese selecto club que proporciona calidad de vida y comodidad a sus habitantes.

Es decir, la población no se siente partícipe de las necesidades energéticas que tiene el país, ya que consideran que afectan a un reducido número de personas, básicamente empresarios y que de alguna manera ellos adoptarán las medidas que estimen convenientes para continuar disfrutando de  grandes y desmedidas utilidades y beneficios, pero la realidad indica que afecta a todos en mayor o menor medida, lo que lamentablemente es ignorado y causa una gran indiferencia.

Esta falta de interés e insensibilidad traerá graves consecuencias para los chilenos, especialmente cesantía, menores salarios, carestía de vida, detención del crecimiento, etc, lo que afectará a la ciudadanía, especialmente la más necesitada que sufrirá mayores consecuencias negativas.

Luego, el gran desafío es llevar a cabo una política que permita que la ciudadanía se integre en la vía del desarrollo, para lo cual se requieren ciertos incentivos participativos que otorguen significativas ventajas  a quienes deben sacrificar su sistema de vida, ver afectados sus intereses o que sufren los efectos de este tipo de proyectos.

Todo ello lleva a que se instale como premisa básica, que las personas afectadas deben ser indemnizadas más allá de las actuales condiciones, donde se ha visto que se cancelan cantidades no suficientes que alejan la posibilidad de que voluntariamente el afectado considere que ser elegido para un determinado proyecto, en este caso, un cruce eléctricos por sus terrenos, le traerá un inmenso beneficio a él y a su familia, los que trascenderán a su generación. Lamentablemente la realidad muestra que el sector trata de utilizar las disposiciones vigentes para intentar cancelar la mínima compensación, eludirla de alguna manera y que ojalá otros deban responder por ello. Es posible que esta interconexión no cause problemas insostenibles, pero debe servir de alerta para efectuar las modificaciones legales que se deberían aplicar en el futuro.

Consecuente con todo lo anteriormente planteado, es necesario reorientar la política energética, específicamente las indemnizaciones, caso contrario, se está abriendo la puerta a nuevos conflictos sociales que impedirán la ejecución de futuros proyectos relacionados con el sistema energético nacional, se producirán limitaciones en el crecimiento chileno, se perderá competitividad frente a otros países que no poseen los problemas que se encuentran vigentes en nuestro territorio y se afectará negativamente la Seguridad Nacional, además se incrementará la dependencia foránea, con todas las implicancias negativas que ello implica.

Un país que no abrace el Desarrollo Sustentable en forma decidida, sufrirá graves consecuencias a partir del año 2040, fecha que no está tan lejana como para ignorarla y traspasar el problema a las generaciones futuras, las que  deberán asumir este reto y tratar de solucionarlo, pero la remediación que se intente en esa época, será vana y destinada al fracaso si no se ha realizado desde el día de hoy.

Actualmente, a inicios del 2013,  existe una ineludible responsabilidad de cada chileno y de sus gobernantes para adoptar desde ya las medidas destinadas a solucionar estos problemas ambientales e impedir sus efectos futuros.