Etiquetas

, , , , ,

En el Diario La Segunda del día 23 de marzo del 2012, un lector al opinar sobre la suspensión por parte de la Ilustrísima Corte Suprema de Justicia, del Parque Eólico de Chiloé, ubicado en la Isla de ese mismo nombre, propuso una serie de medidas ante las oposiciones locales a todo tipo de energía, señalando entre otras, eliminar la electricidad y comenzar a usar velas, mantener las carnes con sal como se hacía en la antigüedad, volver a sistemas de máquinas mecánicas de escribir y similares, retornar al sistema de iluminación pública y privadas a cerillas, eliminar los automóviles y similares medios de transporte incluyendo los públicos reemplazándolos por bicicletas, monopatines, patines y animales de tiro, es decir, volver a la vida humana antes de la revolución industrial (mediados del siglo XIX) porque hay comunidades, personas, grupos de ciudadanos y organizaciones no gubernamentales que se oponen a todo, a la hidroeléctrica, a las energías renovables a las que usan petróleo, carbón o gas, prescindir de todo lo que use energía como la TV, radios, lavadoras, etc.

Este proyecto pertenece a la empresa Ecopower y es propiedad chileno – sueca, contemplando 56 aerogeneradores cada uno de 2 MGW y estaría previsto instalarlas en el sector de Quilo Mar Brava, en la parte noreste de la Isla Grande de Chiloé, en dirección al Pacífico, donde se detectó la presencia de condiciones naturales suficientes para ubicar estas máquinas generadoras de electricidad, las cuales tienen la gran características y virtud de que es lo que realmente necesita Chile y en esa dirección se debe avanzar, buscando que este tipo de energía no contaminante ingrese a la matriz energética y reemplace aquella procedente de fósiles (carbón, gas y petróleo).

Es decir, instalar cualquier parque eólico por el solo hecho de construirlo y que funcione es un gran avance para el país.

La Comunidad Indígena Antu Lafquen de Huentetique, haciendo uso de sus legítimos derechos, recurrió ante la Ilustrísima Corte Suprema de Justicia, Alto Tribunal que en fallo unánime acogió su reclamo, determinando que existió un actuar arbitrario de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la X Región, al no realizar una consulta a la comunidad indígena de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en consecuencia, la Resolución de Calificación Ambiental impugnada niega un trato igualitario a dicha comunidad y lleva a que este documento aprobatorio ambiental, no pueda aplicarse y en consecuencia deba ser revisado.

Luego, una necesidad de contar con sistemas generadores de energía basados en el uso de recursos naturales renovables no contaminantes, independiente del lugar donde se quiera instalar, ha sido rechazada y retrasada, lo que afecta la diversificación de la matriz energética, impide disminuir la vulnerabilidad eléctrica del sistema nacional y también mantiene la exagerada dependencia externa.

Sin embargo, se verifica que esta situación se ha producido porque las tramitaciones ambientales no se han hecho correctamente y el hecho que la Justicia haya respaldado la posición de las comunidades indígenas afectadas, muestra que faltó coordinación, consultas, solución de problemas previos a llegar a la instancia judicial y lo que es más importante, ignorar las posiciones de los grupos comunitarios presuntamente afectados.

Luego, no es una problema de las normas legales, ni de una presunta judicialización de esta materia, tampoco de la reglamentación ambiental, menos de los afectados, es una situación que se produce por tres causas principales, una de ellas es la falta de entendimiento, otra errores en la tramitación de la planificación ambiental y finalmente imponer visiones contrarias a las comunidades sin respeto ni mitigación adecuada, último punto que es una práctica bastante común, donde previos a un determinado proyecto, sin que nadie lo sepa y no se difunda la intención, se efectúan modificaciones en los documentos de ordenamiento territorial que permiten la instalación de ciertas actividades empresariales, las que posteriormente, una vez materializadas las modificaciones o los nuevos instrumentos, posibilitan el diseño de proyectos que son contrarios a los intereses de las comunidades locales existentes en un determinado lugar las que pasan a ser afectadas al ver disminuida su calidad de vida.

No puede servir de excusa por ejemplo, que la actividad que se va a instalar cumple las disposiciones vigentes al estar dentro de los parámetros de las normas de contaminación, porque esas personas que antes tenían una cierta cantidad o a lo mejor ningún tipo de contaminación, pasan de un día para otro, a sufrir nuevos o mayores efectos.

Al analizar lo anterior queda claro que en Chile los fundamentos de un desarrollo sustentable moderno, ágil, respaldado por toda la ciudadanía, con una interrelación entre todos los sectores involucrados de la sociedad, con una adecuada participación ciudadana, con reglas claras y con legitimidad no han alcanzado un grado adecuado de avance que sea concordante con la situación que muestran las naciones más desarrolladas que han abrazado la sustentabilidad como la regla de oro del ansiado nivel de una calidad de vida superior, permanente en el tiempo y de grandes expectativas.