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En los últimos años, se ha notado una tendencia a una mayor participación ciudadana en el ámbito del desarrollo ambiental del país, siendo los primeros derechos ciudadanos  establecidos en la Ley N° 19.300 “Bases Generales del Medio Ambiente”, dictándose posteriormente en el año 2011 la Ley N° 20.500 “Sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública”, que otorga una serie de facilidades, derechos y deberes relacionados con esta trascendental intervención de la sociedad nacional.

¿Pero que materias aborda esta Ley de asociaciones y participación ciudadana?

En primer lugar, se debe señalar que esta ley constituyó una reforma legal de gran trascendencia, al consagrar una completa regulación de este derecho que tiene tanta importancia para la vida política, social, económica y cultural de una nación como  es el derecho de asociación.

Esta Ley, publicada en el Diario Oficial de la República de Chile del 16 de febrero del 2011, considera cinco títulos que tratan de las siguientes materias:

Título I “De las asociaciones sin fines de lucro”.

En este título, se disponen aquellas materias relacionadas con el derecho de asociación y del registro nacional de personas jurídicas sin fines de lucro.

Título II “De las organizaciones de interés público”.

En esta parte, se definen las organizaciones de interés público, la calidad del interés público y sobre aspectos referidos al voluntariado.

Título III. “Del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público”.

Se establece este Fondo, integra el Consejo Nacional y asigna la designación de representantes que lo integrarán procedentes de diferentes instituciones públicas. También se disponen los Consejos Regionales del Fondo.

Título IV. “De la modificación de otros cuerpos legales”

Se modifica la Ley N° 18.575 “Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado”, la Ley N° 18.695 “Orgánica Constitucional de Municipalidades”, Ley N° 19.418 “Sobre Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias”, Ley N° 18593 “Tribunales electorales regionales”, Ley N° 19.032 “Ministerio Secretaría General de la Presidencia”, Libro I del Código Civil Título XXXIII.

Título V “Disposiciones transitorias”.

Dispone una serie de materias que no son permanentes y deben ser desarrolladas para dar cumplimiento a la ley, entre ellas, por ejemplo a los servicios involucrados, dictar las normas de aplicación general a la que se refiere el art. 70, o tareas específicas para un determinado ministerio con su plazo, etc.

Otra pregunta que surge de inmediato al estudiarla es ¿Qué aspectos positivos presenta?

Podemos considerar que adopta las previsiones para garantiza la libertad de asociación y el principio participativo. En cuanto a la libertad de asociación,  (número 15 del art. 19 de la Constitución Política), es un aspecto trascendente sociológico y político que el Estado de Chile, debe reconocer, amparar y garantizar en su adecuada autonomía. Constituye en el mundo moderno, una tendencia natural de las personas  a reunirse en torno a un objetivo común y constituye en esas circunstancias un instrumento de participación ciudadana de gran valor e importancia en la preservación y adecuado funcionamiento de un régimen democrático.

En lo participativo, impulsa la existencia de una sociedad civil fuerte y provista de legitimidad como un objetivo político y social deseable, porque el incremento de la participación ciudadana en los asuntos públicos, constituye un elemento clave  de un ejercicio eficiente y prudente del poder político.

Se destaca el derecho a las personas a participar en igualdad de oportunidades en la vida nacional, precepto consagrado en el art. 1 de la Constitución Política de Chile. En este contexto, la participación ciudadana de la cual trata esta ley, es el eje central de un régimen democrático moderno, concibe la relación entre el Estado y el individuo como una cooperación entre ambos y no como una relación vertical o de sumisión de los sujetos a la autoridad Es en la realidad una relación de cooperación entre el poder del Estado y individuo, como base fundamental del principio participativo, lo que trae en consecuencia, una activa intervención de la sociedad civil en la elaboración de las decisiones de la voluntad estatal, luego se produce en forma natural un involucramiento de la ciudadanía en las decisiones públicas, pasando de personas pasivas de acatamiento vertical o de meros sujetos frente a la autoridad y carente de una ciudadanía organizada, activa y responsable.

En definitiva, se puede señalar que esta ley crea un marco destinado a favorecer la participación ciudadana efectiva, por una parte hace partícipe de las decisiones a los propios ciudadanos posibilitando el ensanchamiento de la democracia y por otra parte, permite una actuación más eficiente de los órganos e instituciones del Estado encargados de tomar decisiones públicas, ya que se toma conocimiento de los distintos intereses en juego, del grado de aceptación de las medidas y esta participación, permite perfeccionar, desde el punto de vista técnico y especializado, las decisiones con los aportes  de los afectados y también personas externas, ya que en algunas ocasiones, no toda la información necesaria se encuentra en poder de quien debe tomar una decisión.

¿También se detecta la inquietud de si presenta implicancia para otros cuerpos legales?

Efectivamente, debido a que se  modifica la Ley N° 18.575 “Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado”, en materias referidas a la Secretaría General de la Presidencia, participación ciudadana y gestión pública destacando tareas a diferentes órganos del Estado y que dicen relación con el funcionamiento de un sistema adecuado de participación ciudadana.

Asimismo en  la Ley N° 18.695 “Orgánica Constitucional de Municipalidades”.

En lo referido a las Municipalidades, establece el Consejo Comunal de Organizaciones de la sociedad civil, su existencia, elección elaboración del reglamento, sesiones públicas, duración de los cargos etc.

Afecta a la Ley N° 19.418 “Sobre Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias”.

Modifica esta Ley, agregando obligaciones a los municipios, permite la agrupación de juntas  de vecinos y organizaciones comunitarias  en federaciones, confederaciones de carácter provincial, regional y nacional.

También la Ley N° 18593 “Tribunales electorales regionales”.

Sustituye la expresión “Consejos de Desarrollo Comunal” por Consejos Comunales de Organizaciones de la sociedad civil”.

Asimismo a  la Ley N° 19.032 “Ministerio Secretaría General de la Presidencia”.

Realiza pequeños cambios de redacción y en el aspecto más de fondo, asigna tareas a la División de Organizaciones Sociales.

Finalmente en el Libro I del Código Civil Título XXXIII.

Aquí se incluyó más detalladamente aquellos aspectos referidos al significado conceptual y régimen jurídico  de las instituciones sin fines de lucro, los requisitos mínimos para su constitución, los procedimientos para las reclamaciones judiciales, la gratuidad del cargo de director, las remuneraciones permitidas, la responsabilidad de los directores, la obligación de llevar contabilidad y confeccionar memoria anual, la  inversión de recursos y el reconocimiento de la posibilidad de fusionarse. También simplificar los trámites para constituir una corporación o fundación, traspasa el registro de Personas Jurídicas sin fines de lucro del Ministerio de Justicia al registro Civil e Identificación quien deberá llevar todos los antecedentes sobre la constitución, modificación, disolución o extensión de las organizaciones sociales y por último, modifica una serie de artículos para materializar las modificaciones.