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derecho a vivir

Las primeras instancias de participación ciudadana en Chile, destinada a evitar lo que se conoce en la estrategia como “La escalada del conflicto”, se encuentran determinadas en la Ley N° 19300 “Bases Generales del Medio Ambiente”, actualizada a la fecha, texto legal que considera una serie de derechos, deberes y acciones que pueden ser asumidas por las personas que presuman que calidad de vida y desarrollo normal de su existencia puede ser alterada y el rol de las autoridades responsables involucradas.

A continuación se dan a conocer las diferentes materias consideradas en esta normativa legal:

Art. 1 de la ley, que señala el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, determina la necesidad de que la ciudadanía  pueda hacer uso de este derecho, que está en la Constitución Política y que permite a las personas naturales y también jurídica, considerarlo como una base de sus demandas, especialmente cuando deban participar en procesos establecidos en la ley 19.300 y también cuando presentan recursos ante los tribunales de justicia.

También hay participación ciudadana cuando se educa a la población, es decir cuando acceden a la educación ambiental (Art. 2 letra h)), permite que los instruidos y capacitados, reconozcan valores, aclarar conceptos, desarrollar habilidades, conocer sus derechos y actitudes necesarias para una adecuada convivencia armónica entre los seres humanos, su cultura y el medio bio – físico circundante.

Art. 4, considera que es deber del Estado facilitar la participación ciudadana, permitir el acceso a la información ambiental y promover campañas educativas destinadas a  la protección del Medio Ambiente.

Este mismo artículo señala que los órganos del Estado deberán propender por la adecuada conservación y desarrollo de la identidad, idioma, instituciones y tradiciones sociales y culturales de los pueblos, personas y comunidades indígenas, lo que no se puede cumplir sin la participación directa de los involucrados y también de quienes tienen la responsabilidad de aplicar las políticas derivadas de los convenios internacionales suscritos por Chile.

Art. 6, también involucra una participación ciudadana, cuando establece procesos educativos que deben ser entregados a la ciudadanía, los cuales se orientan a que los capacitados tomen conciencia de los problemas ambientales y en consecuencia de la posibilidad que cada uno tiene de evaluar cada situación que le afecte o que sea en relación al bien común.

Art. 7 bis, al referirse a la Evaluación Ambiental Estratégica, en su último acápite indica que debe ser sometido a consulta pública. Este artículo en su letra c) señala la forma de participación del público interesado (lo que debe considerar el Reglamento respectivo)

Art. 7 quater, indica que en la resolución respectiva, se deberá señalar la parte correspondiente a la consulta pública realizada y la forma en que ha sido considerada.

Art. 13, señala que debe indicarse cuando han existido negociaciones con los interesados, es decir, una negociación entre el titular de un proyecto y la ciudadanía.

Art. 14, indica en la letra d) la forma de participación de organizaciones ciudadanas y en la letra e), la forma de notificación al interesado del pronunciamiento sobre el EIA o DIA.  Este mismo artículo indica que su participación también puede ser hecha por medios electrónicos.

Art. 18 quáter, en su letra c) indica la participación ciudadana en DIA (Declaración de Impacto Ambiental) de menor tamaño, levantándose un acta con los compromisos con la comunidad y la letra e) que señala que las observaciones de la ciudadanía debe ser visada por el Servicio de Evaluación Ambiental.

Art. 20, contempla la participación ciudadana en el proceso de reclamación de una DIA ante el Director Ejecutivo y cuando es EIA (Estudio de Impacto Ambiental) ante el Comité de Ministros (Medio Ambiente, Salud, Economía, Fomento y Reconstrucción, Agricultura, Energía y Minería). También este artículo considera que se puede reclamar ante el Tribunal Ambiental (actualmente a los tribunales ordinarios de justicia), tanto en EIA como en DIA.

Art. 25 quinquies, señala que una Resolución de Calificación Ambiental, puede ser revisada excepcionalmente, de oficio, cuando un afectado directamente, durante la ejecución del proyecto, unido a algunas condiciones lo solicite.

El párrafo 3 de la ley, se refiere a la participación ciudadana, art 26, establece la tarea a la Comisión de Evaluación o al Director Ejecutivo, establecer los mecanismos para la adecuada participación ciudadana. El art. 27, cualquier persona natural o jurídica, podrá imponerse del contenido del proyecto, o del tenor de los documentos acompañados. Se dispone que no hay reserva en esta materia, excepto en aspectos técnicos financieros y otros que se estime necesario sustraer del conocimiento público.

Art 28, se refiere a la publicación en el Diario Oficial y diario o periódico de la capital de la Región respectiva, un extracto del EIA.

Art. 29, indica que cualquier persona natural o jurídica podrá presentar observaciones al EIA y también si es necesario, ante determinadas circunstancias, abrir una nueva etapa de participación  ciudadana.

Este mismo artículo menciona una serie de aspectos que tienen relación con la ciudadanía, tales como modificaciones a los proyectos, plazos para la participación ciudadana, observaciones como parte del proceso de calificación, recursos  de reclamación, beneficios sociales, cargas ambientales, etc.

Art. 30 ter, se refiere a los avisos locales que deben ser publicados para informar a la ciudadanía.

Art. 31, señala la remisión de antecedentes a los municipios para adecuada publicidad y garantizar la participación ciudadana y el 31 bis, de acceder a la información de carácter ambiental de acuerdo a sus intereses y posibilitar su participación.

Art. 50, se refiere a que cualquier persona puede reclamar contra los decretos que aprueban normas, planes de contaminación y descontaminación etc, establecidos en el art. 49, lo  cual constituye una eficaz herramienta que estimula la participación ciudadana.

También la participación ciudadana procede en el caso del Art 54, quienes hayan sufrido daño o perjuicio ambiental pudiendo interponer recursos a través de las municipalidades.

Art. 65, la ciudadanía puede participar en la fiscalización informándola a la Municipalidad respectiva, ante el incumplimiento de normas ambientales, organismo que debe ponerla en conocimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente.

Conforme al Art. 70 letra r), le corresponde al Ministerio del Medio Ambiente, adoptar las medidas necesarias para la adecuada educación ambiental y para la participación ciudadana.

Art. 71 letra e) le corresponde al Consejo de Ministros para la sustentabilidad, pronunciarse sobre los criterios y mecanismos en virtud de los cuales se deberá efectuar la participación ciudadana.

Art 76, establece participación ciudadana al organizar el Consejo Consultivo del Ministerio del Medio Ambiente en la designación de sus integrantes, que proceden de diferentes sectores de la vida nacional. A su vez el art. 78 al referirse a los Consejos Regionales da a conocer una participación similar pero de carácter regional.